He aquí el acuerdo común y urgencia del gobierno del presidente Varela, la partidocracia y las élites económicas que financian sus millonarias campañas electorales, en imponer el proyecto que denomino descentralización de la corrupción; y en cambio, desechar el proceso de “redistribución del poder político” que señalara el maestro Leis y que sólo garantiza un proceso constituyente originario o soberano, que termine con el sistema de “fueros y privilegios” que da vida al régimen. De este modo los privilegiados del régimen cerraron filas en defensa de su “descentralización” y sepultaron la constituyente porque temen a una reforma política del Estado que cree las condiciones para el poder político de control ciudadano, para refundar el sistema de frenos y contrapesos, a un sistema de auditorías ciudadanas y presupuestos participativos vinculantes, a un marco constitucional de participación plural y democrática en la gestión pública y unos principios político jurídicos que pongan fin al conflicto de intereses en la administración de lo público, que termine con las acostumbradas prácticas del régimen, donde legisla la “coima” y los millonarios financiadores de campañas electorales son los beneficiados por los fondos públicos a través de negociados corruptos, gobierno tras gobierno.
La ley orgánica de educación en su artículo 34, 35 y 270 establece que los municipios deben destinar el 20% para educación y 5 % para educación física, igualmente la legislación establece la instalación de juntas municipales educativas, comunidades educativas en las direcciones provinciales de Educación, sin embargo, al régimen jamás le ha interesado la implementación eficiente de estos mecanismos de descentralización institucional ya existentes, porque en ellos no puede politiquear ni existen fondos públicos que apropiarse. La ineficiencia del Estado Central en Educación bajo la gestión del régimen dejó hasta el segundo trimestre del 2015 una baja ejecución presupuestaria en inversión con un 31%. Este año el presupuesto aprobado fue de B/.1,286 millones, de los cuales 180 millones son para inversión, 97,6 millones para seguro educativo y 1,008 millones para funcionamiento. Con más de 3,000 escuelas en mal estado, 220 escuelas ranchos y cientos de educadores sin cobrar, no tiene justificación la baja ejecución presupuestaria.
Para el régimen la Educación no es prioridad, la inversión es apenas 3,5% del Producto Interno Bruto, uno de los más bajos de la región. Este año se solicitó B/.1,677.6 millones y sólo se aprobaron B/.1,380.7, en cambio, crece la cantidad para las entidades encargadas de la politiquería, donde se han originado grandes casos de corrupción; por ello, la gestión Varela y el resto de los privilegiados del régimen han dicho sí a su descentralización y no al proceso constituyente originario que siembre las bases de la refundación democrática del país.
por Yadira Pino, miembro de AEVe, activista por la defensa de la educación pública y por la Democracia