Son diversos los crímenes y faltas cometidas por las que deben ser procesados el ex-Presidente Martinelli y sus responsables políticos y materiales como el Presidente Juan Carlos Varela en el caso Bocas del Toro, entre otros, sin embargo, es claro que el manejo corrupto del aparato de la justicia transforma lo que debe ser justicia en un show politiquero, para al final, no aplicar sanciones ejemplares, pero sí extorsionar a los enemigos de politiquería y dejarlos libres, lo ilustra casos como el del señor Rafael Guardia, etc, etc. La Justicia está secuestrada por un círculo vicioso de la guerra de Villanos que la usan a diestra y siniestra para sus fines politiqueros corruptos. Se hace urgente un Pacto Anticorrupción desde Ciudadanía, para hacer justicia real y expulsar a los corruptos de la gestión de lo público. El Régimen Corrupto permite que entre Villanos todos se hagan ruido mediático, pacten o se pelen, pero jamás exista justicia realmente, mientras, empobrecen con su eterna bacanal, al país. De ello el país es testigo.
La Guerra de Villanos: el quiebre de los derechos fundamentales
En días pasados el Licenciado Alvaro Alvarado tuiteó la frase para ilustrar la actualidad política del país, de que existe una “Guerra de Villanos contra villanos”, haciendo referencia a la sacadera de trapos sucios que existe en medio de la disputas por el control político del Estado y los escándalos de corrupción que enlodan a todos los partidos y gobiernos. Esto se aprecia con toda intensidad en la lucha entre las fuerza que controlan el órgano legislativo y el ejecutivo. El presidente Varela quiere nombrar a magistrados en la Corte Suprema que pueda controlar, no quiere ser perseguido al finalizar su mandato por sus actos de corrupción y otros abusos, y correr la suerte del expresidente Martinelli. Otros sectores de la élite quieren meter sus propias figuras a la contienda electoral (algunas disfrazadas de “independientes”) para reencauchar el Régimen Político Podrido, para evitar que los negocios que controlan usando el poder del Estado, en sus pactos, se le escapen de las manos y otros Villanos se los arrebaten. Definitivamente es una Guerra de villanos contra villanos, en un círculo vicioso de conflictos de intereses, cuyo fruto es la enorme deuda pública y empobrecimiento al que someten a los panameños y panameñas, y la inexistencia de políticas públicas para gestionar el cumplimiento de los derechos de las mayorías sociales para el progreso del país.
En este mar de podredumbre no es extraño que los personajes villanos que controlan el poder del Estado y se lo rifan cada 5 años, como el expresidente Ricardo Martinelli, violentara nuestro derecho a la intimidad, pinchando nuestras comunicaciones, en un abierto acto de vulneración de las garantías fundamentales de un Estado Democrático, pero ¿por qué nos pinchaba?, y es que Martinelli nos consideraba opositores políticos peligrosos y quería espiar para extorsionarnos, a mi no me pudo extorsionar porque yo no tengo nada que ocultar. Lo cierto es que el presidente Juan Carlos Varela no ha cambiado la legislación que regula el Consejo de Seguridad, al mantenerse la misma norma legal, llena de trucos, creada por Martinelli, que le da poderes absolutos al ejecutivo para espiar, ¿quién podría asegurar que durante el gobierno de Varela no me han pinchado?
Evolución del Consejo de Seguridad hacia la violación de los derechos fundamentales
Como podemos apreciar, la evolución jurídica del consejo de seguridad, es una evolución hacia la creación de un organismo de manejo político del órgano ejecutivo, hecho para violar los derechos de los ciudadanos.
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Decreto
de Gabinete No. 38 de 1990
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Creación
del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Entidad
adscrita al Ministerio de la Presidencia, organismo asesor del
presidente de la República en los temas de seguridad nacional.
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Decreto
Ejecutivo No. 98 de 1991
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1.
El Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional estará
conformado por el presidente de la República, el ministro de
Gobierno y Justicia, el ministro de Planificación y Política
Económica y el ministro de Relaciones Exteriores.
2. El Consejo tendrá un secretario a manera de oficial de coordinación que sería responsable únicamente ante el presidente de la República. 3. Actividades prohibidas al Consejo y a su personal: Realización de actividades que involucren el espionaje político; la participación directa o indirecta en cualquier tipo o clase de actividad política partidista; utilizar armas durante el ejercicio de sus funciones, salvo que sea en defensa personal como cualquier ciudadano particular; efectuar arrestos o cateos; llevar a cabo allanamientos de locales comerciales, oficinas similares; entrar al domicilio o residencia de cualquier persona sin su consentimiento; privar de la libertad, en alguna forma, a cualquier persona o detenerla; efectuar interrogatorios contra la voluntad de la persona interrogada, ni citar ni obligar la comparecencia de ninguna persona a cualquier despacho u oficina contra su voluntad. |
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Decreto
Ley No. 9 de 2008
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1.
Se ampliaron las funciones del Consejo de Seguridad, y se
establece el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad.
2. Se incluyen como miembros deliberativos adicionales al ministro de la Presidencia y al director del Servicio Nacional de Inteligencia, quien actuaría como su secretario. 3. Repite la gran mayoría de las prohibiciones que tenía el Decreto ejecutivo 98. Establece algunas salvaguardas para que el Sistema Nacional de Inteligencia no se descarrile, pero estas son débiles y sin control externo. |
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Ley
No. 11 de 2010
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1.
Derogó en su totalidad el Decreto Ley No. 9 de 2008.
2.
El Decreto Ejecutivo No. 263 de 2010 se constituye en el nuevo
marco
jurídico del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.3. El Consejo se reduce al Presidente de la República, al ministro de la Presidencia y a las personas que el presidente quiera invitar. Se excluye de plano al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Economía y Finanzas y al ministro de Seguridad Pública. 4. Reduce las salvaguardas de las actividades que pueda realizar el Consejo y somete la estabilidad laboral del personal a criterios ambiguos.
5.
Es en esta época, que según se ha detallado en distintas
investigaciones, y sobre todo en el caso de los pinchazos que al
menos 150 personas que no estaban vinculadas al crimen organizado
y otra actividad delictiva, sufrieron interceptación en su
comunicación.
6. Durante el periodo 2009-2014, el Consejo de Seguridad adquirió nuevos equipos de espionaje, dedicados a la interceptación de la comunicación.
Los
cables diplomáticos de la embajada de los Estado Unidos de la
época, revelados por el sitio Wikileaks, dieron cuenta pública
la urgencia del presidente Martinelli, a la entonces embajadora de
los E.U., para conseguir equipo de pinchaje de comunicaciones. La
cual se negó, según el cable. Posteriormente, en 2018 las
declaraciones del presidente Martinelli sobre su amplia
colaboración con el cuerpo de inteligencia de los E.U.,la CIA,
dejan en duda sobre las contraprestaciones reales a esta
colaboración. Aunque igualmente, constan la compra de las
máquinas pinchadoras por el gobierno panameño a las
empresas extranjeras.
En
una investigación del diario La Prensa, establece que:
Entre
septiembre y octubre de 2015, la Fiscalía Auxiliar hizo una
inspección a la empresa Cable & Wireless y comprobó que bajo
el número IP 186.74207.178 –servidor con el cual se registró
el equipo– se hizo un contrato de 10 megas de internet, que se
prolongó desde el 29 de enero de 2013 hasta el 14 de mayo de 2014
–10 días después de las elecciones generales– cuando el
usuario se desconectó.
Las pesquisas revelaron que el contrato fue hecho por Megaly International Investment, S.A., cuyo representante legal es Ricardo Russo Seferlis. En el mismo edificio donde operaba el equipo espía, Martinelli tiene sus oficinas particulares.
Pegasus
–Equipo hoy desaparecido– fue comprado en julio de 2012 en $8
millones y dejó de funcionar el 16 de mayo de 2014; es decir, 12
días después de las elecciones presidenciales.
La investigación señala que el equipo, adquirido para el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), fue usado por empresarios particulares con el apoyo del expresidente, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia por los pinchazos. Las pesquisas del Ministerio Público (MP) con relación a las transacciones por el pago de casi $8 millones por parte del gobierno anterior a la israelí NSO Group Technologies para la compra del equipo de espionaje Pegasus –actualmente desaparecido– han arrojado nuevos actores en la trama y dejado al descubierto el posible uso de dinero proveniente de “coimas” de proyectos que otorgó el Estado a empresas y que son investigadas por casos de corrupción. Según las investigaciones, la empresa Caribbean Holdings Services Ltd., registrada en Islas Vírgenes Británicas y representada en Panamá por Aaron Mizrachi Malca, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, fue utilizada a través de una cuenta de Banco Aliado para realizar transacciones hacia Israel, con el fin de hacer los pagos a NSO Group Technologies, que vendió el equipo Pegasus. El expresidente Martinelli y su cuñado se encuentran fuera del país. A través de la empresa Caribbean Holdings Services se depositaron más de $2.8 millones a la empresa NSO Group Technologies, según las investigaciones judiciales adelantadas. Las evidencias que ha recopilado el MP con respecto a las transacciones revelan que el 23 de noviembre de 2012 se depositaron dos cheques de gerencia –53341 y 53242– de $500 mil cada uno a una cuenta del Banco Universal, cuyo solicitante es la Constructora P&V, S.A.
Aparecen
como firmantes de la cuenta de Constructora P&V, S.A. en Banco
Universal los costarricenses Claudio Poma Murialdo, Mauricio Ortiz
Quesada y el panameño Ricardo 'Ricky' Calvo, socio de Gabriel
Btesh y el exvicepresidente de la República Felipe Virzi. Estos
últimos son investigados en el caso de supuesto blanqueo de
capitales en depósitos relacionados con el exmagistrado de la
Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, en manos de la
Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.
(…….)
Pegasus
se componía de un sistema de escuchas con capacidad de filtrar
150 BlackBerry e igual cantidad de Android, pero las
especificaciones indican que esta cantidad podría ser hasta cinco
veces mayor.
Podía penetrar celulares y computadoras, y recogía conversaciones, fotos y el tráfico en internet.
Dentro
del cronograma para Pegasus, su instalación debía ser en ocho
semanas, en las que se incluía la aprobación del contrato,
adquisición del equipo, diseño personalizado, instalación de
hardware, pruebas de redes de telefonía local y entrenamiento al
personal.
Dentro del personal que dio entrenamiento de este equipo está Martin Berenstein Zylbenztejn, de origen uruguayo y quien era representante de NSO Group para Latinoamérica. Según las averiguaciones, ingresó a Panamá el 10 de agosto de 2012, en la misma semana cuando tocaba la entrega del hardware No existe constancia hoy día del paradero del sistema Pegasus, pero sí la certeza de que se compró a través de una operación supuestamente irregular a nombre del Consejo de Seguridad Nacional. La última vez que se usó fue el 16 de mayo de 2014, de acuerdo con registros tecnológicos incluidos en la investigación. En esa fecha fue desconectado (VER noticia completa: https://www.prensa.com/politica/Pinchadora-funciona-empresa-Gabriel-Btesh_0_4431306946.html) |
Corrupción y guerra de Villanos
Como es una Guerra de Villanos contra Villanos no hay garantía de que la justicia panameña, con sus limitaciones institucionales, técnicas y presupuestarias, sea efectiva en la investigación de todos los casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos que ha cometido los gobiernos de los Villanos. El manejo político que ha tenido el presidente Varela con relación a los casos de corrupción ha sido vergonzoso, ha primado el desorden, no se han respetado las garantías de la gente, las medidas de casa por cárcel han sido una falta de respeto contra la ciudadanía que reclama justicia, etcétera. El aparato de justicia ha sido un arma arrojadiza usada politiqueramente para perseguir al enemigo de negocios(los otros Villanos), como mecanismo extorsivo para lograr pactos y shows mediáticos, pero jamás para hacer justicia verdadera y reparación al bien público y derechos de los ciudadanos. ¿Puede en el actual estado de manejo corrupto y politiquero del Ministerio Público garantizar justicia real en los casos de corrupción y abusos de todos los gobiernos de los Villanos?
¿Cómo podemos los ciudadanos honestos del país tener certeza y confianza en las instituciones del Estado secuestradas por esa guerra de Villanos? ¿Puede el país continuar bajo el reinado del terror de este régimen corrupto de los Villanos? ¿Cómo podemos asegurarnos los ciudadanos honestos que la apertura de un proceso constituyente no quede secuestrado por los conflictos de intereses de estos Villanos, y en vez de funcionar para impulsar cambios positivos para el país, termine hundiéndonos más? ¿Cree los panameños que un simple cambio de caras en el ejecutivo y el legislativo y demás órganos de poder tras el proceso electoral de 2019 garantizará la solución de la crisis política estructural que tiene secuestrado el país?
Buscando ser proactivos, para salir de esta crisis de guerra de Villanos, con propuestas Democráticas, se hace urgente, que las personalidades y fuerzas sociales y políticas demócratas del país, acuerpemos la propuesta de generar un Pacto contra la Corrupción que esté constituido por una serie de medidas que garanticen se haga justicia en materia de corrupción y todos los abusos que se han cometido y que cree las condiciones para un proceso de transición hacia el fortalecimiento de un Estado Social de Derecho en Panamá, vía una nueva carta constitucional, que establezca dichas bases. ¿Es este Paquete de Medidas Anticorrupción una divina pomada para solucionar los problemas? ¿Es una nueva carta constitucional una divina pomada para solucionar los problemas de la crisis del país? Claro que no, sin embargo, ambos elementos de nuestro planteamiento son las bases del encausamiento Democrático de este proceso, que fortalezca el debate de la institucionalidad, evite las derivas fundamentalistas y populistas de todo signo, a las que con seguridad nos conducen la actual situación de guerra entre villanos y sus maquinarias clientelistas.
Este Paquete de Medidas Anti corrupción, para su efectiva legitimidad democrática, cumplimiento, debate y empoderamiento ciudadano, deben ser sometidas a referéndum popular para su obligatorio cumplimiento después del proceso electoral del 2019, que deberá aprobar la nueva asamblea de diputados electa. Es una acción necesaria antes de entrar a un proceso constituyente, porque como están las reglas del juego en estos momentos, los villanos controlarían el proceso constituyente para cambiar las cosas para que nada cambie realmente. Estas medidas son para neutralizar a los villanos y que el país entre en un periodo de entendimiento público y respeto a las normas Democráticas para que se genere un proceso constituyente con el tiempo y en la paz social necesaria.
Estas medidas serán un mecanismo institucional democrático para salir de la crisis en la que estamos. Para aquellos que aceptemos este reto de sacar adelante nuestro país por los causes Democráticos, se nos abre un camino de arduo activismo por la Democracia, por lo que deberemos iniciar desde ya este proceso de organización ciudadana horizontal y llevar adelante el proceso según los requisitos necesarios para empezar a recoger firmas desde ya para fortalecer la gran campaña ciudadana contra la corrupción.
Algunos puntos para una consulta Anti corrupción
Algunas de las medidas urgentes para combatir la corrupción en nuestro país, se fundamentan en los siguientes puntos:
1. Creación de la Comisión Independiente Especial Anticorrupción:
Es claro que los instrumentos creados por el gobierno de Juan Carlos Varela en el Ministerio Público para combatir la corrupción ha sido más de lo mismo, y se necesita evaluar el trabajo realizado por la fiscalía especial creada en ese gobierno y todo lo actuado por el Ministerio Público en su supuesto combate a la corrupción, e investigar estrictamente todos los casos que se han dado durante los últimos 20 años. Esta comisión debe contar con la participación de los diferentes sectores sociales representativos del país, así como la veeduría internacional para garantizar se apliquen los correctos protocolos de investigación. La Comisión debe contar con el apoyo total del Estado para cumplir con sus objetivos de dar a la luz información verificada. Esta Comisión tendrá una vigencia necesaria para que desarrolle su trabajo y tendrá iniciativa otorgada por ley para presentar las denuncias que resulten de los procesos de investigación.
2. Eliminar los tratos de cárcel especial a corruptos y prohibirles continuar contratando con el Estado Panameño.
3. Incluir en la contratación pública el principio de conflicto de interés para establecer mecanismos de control de relaciones familiares, empresariales, partidistas, en la contratación pública en general, eliminado así las posibilidades del nepotismo y diversas formas de clientelismo.
4. Elaboración de los presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas, donde se establecerán mecanismos de control democrático para que su estudio de preelaboración, diseño, planificación y ejecución sean transparente y acordes al equilibrio fiscal y social que debe guardar la inversión pública, evitando así gastos no útiles para las necesidades del país, de manera que el presupuesto público obedezca al proceso de aplicación de Políticas Públicas de Estado, y no a improvisaciones, intencionada por el negociado corrupto, de cada administración de gobierno.
5. Reelección limitada a los puestos de elección popular. Los puestos de elección popular, de diputados hacia abajo, tendrán como máximo 2 periodos. E igualmente establecer la obligatoriedad a cada diputado de la república y demás puestos elección popular a rendir cuentas sobre su gestión, para lo cual deben publicar informes anuales contrastados con el manejo de los presupuestos y políticas públicas específicas sobre las que han gestionado, reforzando así el control ciudadano y de transparencia sobre la pertinencia del trabajo de los cargos de elección popular en la gestión de políticas públicas y no de actividades clientelistas y afines.
6. Establecer el Colegio Nacional de Profesionalización de la Función Pública, donde todas las profesiones que dan servicio al Estado deberán pasar por mecanismos de una Política Pública de investigación en administración y control de calidad de los servicios públicos, que deberá ser continua y sistemática, y la cual deberá actuar de forma sinérgica en el proceso de diseño de las Políticas Públicas del conjunto del Estado, de esta manera incluir proactivamente a los trabajadores del sector público en el mejoramiento de las gestión del Estado, profesionalizando a este cuerpo laboral en función de las políticas públicas que necesita la sociedad. La profesionalización de la función pública servirá de base para los mecanismo de desarrollo de una verdadera Carrera Administrativa y relaciones laborales de las profesiones que impidan a las administraciones de gobierno hacer del Estado una piñata clientelista.
Estas, y otras, son algunas medidas que los sectores demócratas deberemos acuerpar para crear las bases de un verdadero fortalecimiento institucional democrático del país.
